Programa FRIDA

El derecho a compartir en una Internet libre

28/01/2021

Con el objetivo de reducir los posibles impactos negativos de la implementación de los derechos de autor en redes y plataformas de Internet, y brindar información a organizaciones y usuarios para defender sus contenidos cuando son denunciados indebidamente, la Fundación Vía Libre (FVL) lleva adelante el proyecto “Derecho a compartir en una Internet Libre”.

La iniciativa obtuvo una subvención de los fondos FRIDA de LACNIC para profundizar el trabajo en torno a la libertad de expresión en el mundo digital en América Latina y el Caribe.

Alexia Halvorsen, una de las responsables de la iniciativa, señaló que el primer paso del proyecto es realizar un estudio comparativo de los marcos jurídicos de la región y buscar la mejor forma de utilizarlas a favor del acceso a la información, fortaleciendo estrategias de defensa a la libre expresión en el ámbito online.   A su vez el proyecto trabajará con plataformas presentes en la región para reflexionar y promover políticas de regulación de contenido que sean más benignas en términos de respetar el acceso a la información y la cultura.

¿Creen que el derecho de los usuarios de Internet a compartir Internet sin ser penalizado está por encima del copyright?

Nuestro marco de referencia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En sus diversos mecanismos de aplicación queda claro que los derechos de acceso y participación en la cultura son derechos humanos y que las políticas comerciales de propiedad intelectual no deben obturar el ejercicio de estos derechos. Si entendemos el derecho a compartir cultura, noticias, comentarios e información general en el marco de estos derechos, es claro que una regulación como la del copyright no debería operar en un sentido restrictivo estricto ni mucho menos generar mecanismos de censura sobre discurso legítimo protegido por la libertad de expresión. Con este marco de referencia, y amparados en los propios comités de aplicación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales sobre los que trabajamos, nunca la propiedad intelectual puede estar por encima de los Derechos Humanos.

¿Cuál es el diagnóstico que realizaron sobre el conocimiento por parte de usuarios y desde las plataformas para promover el uso de los contenidos publicados que tienen derecho de autor?

En general, los usuarios y usuarias se enteran de la aplicación de normas como la DMCA (en inglés Digital Millennium Copyright Act) de la peor manera: cuando reciben una notificación de suspensión de sus cuentas, baja de sus publicaciones o recortes (ya sea del audio o del video) de sus contenidos. Es poco lo que se sabe sobre cómo funciona la propiedad intelectual y cuáles son los recursos que las personas de a pie tienen frente a su aplicación, en particular porque los mensajes de notificación de baja son intimidantes para quienes no desean verse inmersos en una causa penal. Hay un efecto disuasorio ahí que hace que muchas veces no se reclame por la defensa del contenido legítimo. Nuestro diagnóstico muestra que esta situación es cotidiana en las redes sociales. Los usuarios saben que existe el copyright, a esta altura, es difícil encontrar usuarios de redes sociales que no se hayan topado con estas políticas alguna vez en su experiencia de uso. Lo importante es aprender a usar los recursos que la propia legislación tiene a favor del acceso. No olvidemos jamás que las leyes de copyright fueron pensadas en su origen para promover la cultura, no para restringirla como está pasando actualmente.

¿Qué iniciativas van a promover para lograr mayores equilibrios entre los titulares de derechos frente a usuarios sin capacidad de validar su derecho a compartir contenido?

En el marco de este proyecto tenemos una agenda variada de propuestas, desde una investigación y análisis comparativo de legislaciones hasta talleres y eventos de formación de actores clave como periodistas, instituciones culturales, docentes de todo nivel, entre otros.

A la vez, vamos a trabajar con las plataformas para buscar la forma de prevenir el creciente uso de DMCA para dar de baja contenidos más allá de la legalidad o no de su publicación. Los usos abusivos de DMCA están a la orden del día y es indispensable que las propias plataformas arbitren estrategias para prevenir estos abusos mediante mejores mecanismos de reclamo para los usuarios, información más clara sobre las razones de los reportes y atención más eficiente de las apelaciones.

En última instancia, vamos a continuar un trabajo importante que venimos haciendo en Vía Libre desde hace años y que este proyecto nos da la oportunidad de retomar: empujar un debate legislativo para ampliar las flexibilidades al derecho de autor en Argentina. 

¿Cómo creen que impactará este proyecto en el ejercicio de la libertad de expresión?

Nuestro objetivo es lograr reducir al mínimo posible los usos abusivos de DMCA en redes y plataformas de Internet, dotar a las instituciones y personas usuarias de las redes del conocimiento apropiado para defender sus contenidos cuando son denunciados indebidamente y, finalmente, lograr un compromiso por parte de las empresas de una mejora en los procesos de notificación y apelación para proteger el discurso legítimo en las plataformas. En paralelo, trabajar bajo la convicción de que la tensión entre libertad de expresión y copyright está más presente que nunca y que es indispensable trabajar para que las empresas no terminen aplicando la ley de forma maximalista sin derecho a la legítima defensa por parte de los usuarios.

¿Por qué resolvieron presentar la iniciativa al proyecto FRIDA y qué esperan de esta experiencia?

La posibilidad de presentar un proyecto a FRIDA nos pareció sumamente interesante al ser un espacio consolidado que facilita la interacción y colaboración con actores regionales del ecosistema de gobernanza de internet, aspecto central para impulsar estrategias con alta probabilidad de impacto en Latinoamérica y Caribe.

Esperamos poder desarrollar el proyecto seleccionado con un alto nivel de profesionalismo, en conjunto con actores regionales de diferentes sectores, desarrollando en el proceso diferentes herramientas de capacitación, información y protección al Derecho a la Libertad de Expresión online.